Actualmente existe una gran polémica por el caso de una ciudadana francesa que ha sido condenada a 60 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, así como portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país.
Florence Cassez promovió un juicio de amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia, en la que le impuso la pena referida, el cual, en fecha reciente, le fue negado por un Tribunal Colegiado residente en el Distrito Federal.
Uno de los puntos polémicos de este caso, consiste en que, supuestamente, el día de la detención de esta persona y su pareja (un mexicano), la Agencia Federal de Investigaciones realizó un montaje o "recreación" del rescate de las personas secuestradas y la detención de los probables responsables. Posteriormente, agentes federales que participaron en los hechos, confesaron que la detención de estas personas había ocurrido un día antes, en un lugar diverso, cuando circulaban en un vehículo, en el que fueron encontradas diversas armas de uso reservado a las fuerzas armadas, y que luego fue que localizaron el lugar en donde estaban las personas secuestradas, además de encontrar diversas armas de las mismas características.
Basándose en esto, la defensa ha manifestado que todo el proceso se encuentra viciado y que Cassez debía ser puesta en libertad; igualmente, el gobierno francés señala que su connacional es inocente.
No obstante, de acuerdo a diversos comentarios emitidos por las personas que han tenido acceso al expediente, existen diversas pruebas que permiten inferir que Cassez sí es responsable de los delitos que se le imputan, puesto que en su contra pesan las imputaciones de los secuestrados, quienes señalaron haberla reconocido por su voz; así como también, uno de los miembros de la banda de secuestradores declaró que ella sí participaba activamente en los secuestros; por ello, es que los tribunales mexicanos la encontraron responsable y la condenaron.
Así las cosas, es conveniente hacer algunos comentarios al respecto: primero, para quienes indican que el caso se puede caer porque se falseó respecto a la forma en que ocurrió la detención; debe decirse que ello no es del todo correcto, puesto que en nuestro sistema penal no opera el llamado "principio de la manzana podrida" que opera en otros países, consistente en que un vicio de origen en el proceso trae como consecuencia la nulidad de todo lo actuado en el mismo. En efecto, en México los tribunales han emitido jurisprudencia, en el sentido de que la ilegalidad de la detención no puede analizarse cuando ya se ha dictado sentencia, pues esas violaciones quedaron convalidadas con el dictado de la misma. Por ello, si existen pruebas suficientes que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, puede válidamente condenársele, aunque en su detención se hayan cometido violaciones a sus garantías individuales. Sobre este punto, pueden checar la siguiente jurisprudencia: http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=196267&cPalPrm=AMPARO,DIRECTO,DETENCION,&cFrPrm=
Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el caso de la matanza de Acteal, emitió jurisprudencia, señalando que las violaciones cometidas en la averiguación previa sí pueden ser analizadas en el amparo directo (que es el que promovió Cassez), pero precisó que si se encuentran violaciones a las garantías de legalidad y debido proceso, como pueden ser la elaboración de pruebas ilícitas y violación a la garantía de defensa adecuada, el efecto sería que dichas pruebas se anularían, lo que no indica que se anulen todas las pruebas obtenidas legalmente, por lo que con estas últimas sí puede decretarse una sentencia condenatoria.
El texto de la jurisprudencia, puede checarse en la siguiente liga: http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=164640&cPalPrm=AMPARO,DIRECTO,AVERIGUACION,PREVIA,&cFrPrm=
El texto de la jurisprudencia, puede checarse en la siguiente liga: http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=164640&cPalPrm=AMPARO,DIRECTO,AVERIGUACION,PREVIA,&cFrPrm=
Respecto a que se falseó la forma en que ocurrió la detención; ello no es nada nuevo, es común que tanto policías como militares redacten el parte informativo en forma distinta a como realmente ocurrieron los hechos; siempre señalan que la detención ocurrió en la vía pública, cuando en realidad se metieron al domicilio del detenido y de ahí lo sacaron; los militares siempre señalan que repelieron una agresión, pero es común que no tengan un solo herido de su lado, ni que existan huellas de balas en sus vehículos e incluso que la prueba de rodizonato de sodio les resulte negativa a los detenidos, o sea que no dispararon ningún arma, por lo que es ilógico que ellos agredieran a los militares.
Todo ello, aunque es lamentable, es común que suceda, y por lo general, aunque los detenidos indiquen la forma en que ocurrió su detención, los juzgadores no les creen, aun y cuando existan testimonios que corroboren su dicho, pues le otorgan mayor valor a las declaraciones de los policías y militares, ya que los consideran imparciales.
En mi experiencia profesional, me han tocado versiones tan inverosímiles como una en que los militares señalaron que detuvieron a 3 personas, una señora y dos muchachos, caminando tranquilamente por una calle transitada, a plena luz del día, cada uno con grandes bolsas de plástico conteniendo varios kilos de marihuana; siendo que la versión de ellos y de los testigos, fue que los militares se introdujeron al domicilio de la señora, en donde encontraron las bolsas con marihuana, propiedad de su esposo, el cual no fue detenido porque se encontraba fuera de la ciudad, y los dos muchachos habían acudido a comprarle marihuana al esposo; siendo detenidos al momento en que llegaron al lugar, sin que tuvieren las bolsas en su poder; ¿el resultado? el juzgador le otorgó valor probatorio a la versión de los militares y los condenó a cinco años de prisión a cada uno, por poseer marihuana con la finalidad de venderla.
Todo ello, aunque es lamentable, es común que suceda, y por lo general, aunque los detenidos indiquen la forma en que ocurrió su detención, los juzgadores no les creen, aun y cuando existan testimonios que corroboren su dicho, pues le otorgan mayor valor a las declaraciones de los policías y militares, ya que los consideran imparciales.
En mi experiencia profesional, me han tocado versiones tan inverosímiles como una en que los militares señalaron que detuvieron a 3 personas, una señora y dos muchachos, caminando tranquilamente por una calle transitada, a plena luz del día, cada uno con grandes bolsas de plástico conteniendo varios kilos de marihuana; siendo que la versión de ellos y de los testigos, fue que los militares se introdujeron al domicilio de la señora, en donde encontraron las bolsas con marihuana, propiedad de su esposo, el cual no fue detenido porque se encontraba fuera de la ciudad, y los dos muchachos habían acudido a comprarle marihuana al esposo; siendo detenidos al momento en que llegaron al lugar, sin que tuvieren las bolsas en su poder; ¿el resultado? el juzgador le otorgó valor probatorio a la versión de los militares y los condenó a cinco años de prisión a cada uno, por poseer marihuana con la finalidad de venderla.
Retomando el caso, si Florence Cassez fue detenida en un vehículo en el que se encontraron armas, se estima que cometió el delito de portación de armas, y si se encontraron más armas en el domicilio que ocupaba con su pareja como lugar de descanso, se estima que cometió el delito de posesión de armas; si, además, se encontraron personas secuestradas en el lugar, mismas que le hicieron imputaciones y se advertía que la banda la integraban 3 o más personas, se estima que cometió los delitos de secuestro y delincuencia organizada, así que aunque se haya hecho un montaje sobre su detención para las cámaras de televisión, si existen pruebas de que se cometieron los delitos y que ella participó en los mismos, necesariamente tenía que condenársele.
Segundo, por cuanto hace a que los secuestrados no manifestaron haberla visto, pero sí señalaron que reconocían su voz y que ubicaban a una persona de acento extranjero como integrante de la banda de secuestradores, ello constituye un indicio en su contra que Cassez tenía que desvirtuar, pues si las personas se encontraban vendadas de los ojos, no sería correcto que para darle valor a sus testimonios se les exigiera que la hubieran visto, pues es común que a los secuestrados se les venden los ojos para no reconocer a los secuestradores, y si no se admitieran otros medios de prueba para identificar a los responsables, la conducta quedaría impune, lo cual es inaceptable. Así, utilizando la prueba circunstancial, prevista en el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, se pueden concatenar los indicios entre sí para acreditar la responsabilidad de la procesada, como es el enlazar las imputaciones de las víctimas a los indicios consistentes en que ella tenía una relación con uno de los secuestradores, frecuentaba el lugar en donde se encontraron a las víctimas, fue detenida con uno de los secuestradores con armas de fuego y uno de los miembros de la banda, en su primera declaración, señaló que ella sí tenía participación activa en las actividades de ese grupo, de ahí que con la prueba circunstancial pueda válidamente, de acuerdo a nuestro sistema penal, considerársele penalmente responsable.
Por cuanto hace a que el miembro de la banda que le hizo imputaciones en su declaración ministerial, posteriormente se retractó, debe decirse que ello no anula el valor de su primera declaración, pues existen abundantes criterios jurisprudenciales que indican que es a la primera declaración a la que debe otorgársele mayor valor probatorio, y los motivos aducidos en la retractación, deben probarse plenamente, de ahí que no sea incorrecto que se haya valorado dicho testimonio en contra de la ahora sentenciada.
Por cuanto hace a que el miembro de la banda que le hizo imputaciones en su declaración ministerial, posteriormente se retractó, debe decirse que ello no anula el valor de su primera declaración, pues existen abundantes criterios jurisprudenciales que indican que es a la primera declaración a la que debe otorgársele mayor valor probatorio, y los motivos aducidos en la retractación, deben probarse plenamente, de ahí que no sea incorrecto que se haya valorado dicho testimonio en contra de la ahora sentenciada.
Tercero, es cierto que existe la posibilidad de que los extranjeros sentenciados en nuestro país puedan ser repatriados para cumplir su sentencia en su país de origen, incluso México firmó el Convenio de Estrasburgo, en el que pactó con los paises miembros del Consejo de Europa el repatriar a los condenados; de ahí que Francia reclame ese convenio para que se le entregue a Florence Cassez. No obstante, Francia no indica que se reservó algunos artículos de dicho convenio; en efecto, Francia signó el Convenio, pero se reservó la facultad de reducir o modificar la pena que se les haya impuesto a sus connacionales, lo que permite inferir que una vez que se encuentre en suelo francés, Florence Cassez sería liberada, dejando impunes los delitos que cometió en nuestro país; incluso, existen varios antecedentes que indican que así ha actuado en casos similares el gobierno francés.
Sobre este punto, resulta ilustrativa la carta que escribió a Nicolás Sarkozy el jurista mexicano Emilio Rabasa, la cual pueden leer en el siguiente link: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/51724.html
Para checar a mayor detalle el Convenio de Estrasburgo, pueden hacerlo aquí: http://www.senado.gob.mx/content/sp/sp/content/ii/personas_condenadas.pdf
En conclusión, creo que México tiene razones fundadas para estimar que la sentencia impuesta por los tribunales mexicanos no será cumplida en caso de que Florence Cassez sea repatriada a Francia, por lo que es válido que se oponga a entregarla al gobierno francés; además, la forma en que se llevó a cabo el proceso de esta mujer, no difiere mucho de la forma en que se realizan los procesos judiciales de las demás personas, por lo que el exculparla por el sólo hecho de ser francesa, no sería correcto, pues llegaríamos al absurdo de que los extranjeros de nacionalidad francesa pueden cometer uno de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana, como es el secuestro, sin que tengan que cumplir su pena.
Por todas estas razones, considero que a Florence Cassez no se le juzgó y condenó de manera distinta a cualquier otra persona acusada de un delito en nuestro país, y por ello no existe razón válida para que México la entregue al gobierno francés; pues si bien es cierto que nuestro sistema de justicia penal tiene muchas deficiencias, ello no implica que a los extranjeros en cuyo país exista un sistema judicial "mejor" al nuestro, no deba sancionárseles por delitos cometidos en México.
Que le quede claro a Sarkozy, Florence Cassez no es Ingrid Betancourt, no son casos ni remotamente similares, por lo que su obstinación en obtener la libertad de Cassez no se encuentra justificada.
Que le quede claro a Sarkozy, Florence Cassez no es Ingrid Betancourt, no son casos ni remotamente similares, por lo que su obstinación en obtener la libertad de Cassez no se encuentra justificada.
